miércoles, 24 de enero de 2007

Coherencia


Suelo polemizar con amigos con los cuales se encuentran sobreentendidas las convicciones democráticas que nos inspiran acerca de algunos dilemas que ofrece en su estructura interna la persecución de los delitos de lesa humanidad, como es el caso de la problemática de su imprescriptibilidad, la irretroactividad de la ley, la ley penal más benigna y el modo en que fungen algunos organismos de derechos humanos, que de reclamar la abolición de la prisión preventiva y la deslegitimación de la pena para los delitos comúnes, cuando se trata de este tipo especial de delitos, gravísimos, aberrantes, reclaman encarcelamiento inmediato de los imputados y "castigo" a los culpables.

He procurado interiorizarme en la mayor medida de mis posibilidades sobre la cuestión, y no he logrado encontrar una respuesta sólida y contundente que resuelva estos problemas del cambio de discurso, como así tampoco la denostación del "derecho penal del enemigo", a la par de justificar la existencia de cierto tipo de enemigos, a los cuales se justifica vedar ciertas garantías.

Insisto, lejos está de mí ánimo defender a tiranuelos y dictadores deleznables, pero quienes nos sumergimos en el mundo del fenómeno penal, procuramos encontrar la mayor consistencia posible en el discurso, intento que flaquea al ingresar en esta temática, por las cuestiones antes señaladas.

Pero lo que quería traer a colación es la reflexión que un querido amigo (N.G.L.), celoso defensor de los derechos y garantías y fogonero del juicio a los responsables de los hechos aberrantes ocurridos en la última dictadura sufrida por nuestro país, reflexion es que sabiendo escuchar, siempre dejan enseñanzas, como ha sido mi caso.

Luego de algún intercambio de opiniones al respecto, mi amigo terminaba de admitir ciertas inconsistencias en este discurso de la lucha contra los delitos de lesa humanidad y la justicia retroactiva (al decir de Carlos Nino). Pero agregaba con total justeza (y es lo que quiero destacar aquí) que si vamos a reclamar que los genocidas deben gozar de todos los derechos y garantías, lo propio hay que hacer con los delincuentes comúnes. Entonces, si Videla, Etchecolatz, el Turco Julián y toda esa runfla debe esperar el resultado de los juicios en sus respectivos domicilios, lo propio debe suceder con los imputados de delitos comúnes.

Del mismo modo, si admitimos que para los viejos carcamanes no tiene sentido la imposición de las penas, hagamos lo propio con el resto de los delincuentes e ideemos otra forma de resolución de los conflictos.

O en su defecto, prisión preventiva para todos y cárcel para todos, del mismo modo que hoy sufren los ladrones de gallinas (por simplificar el razonamiento con esta figura tradicional)

Me parece que esta línea ideológica guarda cierta coherencia y se inscribe en la vieja idea de "la ley pareja para todos". Y por otro lado tiene la virtud de desnudar las verdaderas intenciones de los escribas: si reclamamos derechos y garantías para Videla & Cía, es preciso que previamente (o concomitantemente) se haya hecho lo propio con el resto de los delincuentes. En su defecto se pondría en evidencia una parcialidad y favoritismo un tanto sospechosos.

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Estoy de acuerdo con Aubry, agrego que me dan un poquito de asquete los defensores a ultranza de las garantìas para los acusados de haber cometido los mas graves y aberrantes crimenes posibles.
Y digo que asquete porque no defienden con la misma fuerza las mismas garantìas de los habitualmente criminalizados, (será acaso que estos forman parte del mismo estrato social y, por ello, es mas facil identificarse con ellos). Suelen ser unos derechosos encubiertos.

Luego dicen que es el nuevo enemigo del derecho penal al que los "garantistas" quieren a toda costa enjuiciar sin "garantìas".
la verdad no comparto esta apreciaciòn.
En la realidad, por una cuestiòn de edad, la mayorìa de los acusados estan en sus casas que suelen ser mucho mas lindas que la de la mayorìa de los criminalizados.
Si no es asì, suelen estar en algun regimiento u otro lugar parecido, gozando de "excepcionales" beneficios de salidas de todo tipo.
Perdonenme, pero eso no tienen nada que ver con el derecho penal del enemigo.
No conozco un solo caso de apremios ilegales cometido contra uno de estos acusados (lo que es habitual para los criminalizados habituales).
Ni un solo caso de denuncia de tortura ni de estar en condiciones inhumanas de detenciòn (como suele suceder). Podrìamos seguir relatando de qué se trata el derecho penal del enemigo (ese que vemos -sin ver- todos los dìas).

Ahora bien, me parece que en estos casos el estado no tiene autoridad etica como para no investigar o no juzgar.

No creo que la carcel sirva en estos casos ni que la prisiòn preventiva sea legìtima tampoco, lo que si, tengo mis dudas acerca de la conveniencia o no de dejar fuera de un sistema estatal y formal este tipo de hechos aberrantes.

saludos
N.G.L.

Anónimo dijo...

COINCIDO CON NGL. ESTOS GARANTISTAS DE OCASIÓN, QUE SE LLENAN LOS BOLSILLOS DE BILLETES POR DEFENDER A ESTOS INDESCRIPTIBLES PERSONAJES QUE TIENEN TODOS LOS DERECHOS DE LOS DEMÁS, PERO A QUIENES NO SÉ SI YO DEFENDERÍA —SIN CRITICAR A QUIENES LOS DEFIENDEN EN LA MEDIDA EN QUE SEAN CONSECUENTES—, "DENUNCIAN" A QUIENES ACUSAMOS A GENOCIDAS Y OTROS AGRADABLES PERSONAJES. PERO JAMÁS ESCUCHÉ SUS RECLAMOS GARANTISTAS CUANDO QUERELLAN A POBRES DIABLOS ANTE EL MISMO SISTEMA JUDICIAL QUE IMPUGNAN CUANDO ESTÁN DEL OTRO LADO —PERO SIEMPRE DEL QUE ESTÁ EL DINERO—.