lunes, 15 de enero de 2007

Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago

Me sorprendió la lectura de la noticia que se consigna más abajo y que ha salido publicada en varios diarios

Quinieleros oficiales ambulantes recorrerán las playas de nueve localidades de la costa atlántica, informó el instituto de Lotería y Casinos bonaerense. A partir de hoy, unos 32 corredores ambulantes levantarán apuestas en las playas de Necochea, Mar del Plata, Miramar, Pinamar, Mar del Tuyú, San Bernardo, Santa Teresita, partido de La Costa y Mar de Ajó.
El interventor del organismo provincial, Franco La Porta, precisó que se trata del Programa de Operadores de Terminales Portátiles, que por segunda temporada se pondrá en marcha con el objetivo de combatir el juego ilegal. Esta iniciativa, que durante el año funciona en varios partidos bonaerenses, se lanzó en nueve localidades de la costa atlántica, como una manera de extender el juego oficial a cualquier lugar de la costa y, consecuentemente, que su recaudación tribute en el Estado provincial. El interventor del Instituto expresó que "tenemos que considerar los efectos sociales positivos, no exclusivamente el incremento de la recaudación, que llega como consecuencia de la implementación de todo el sistema". "La posibilidad de que haya gente que trabajaba en la informalidad y que hoy se pueda incorporar al sistema, también es un rédito desde el punto de vista social para la provincia", afirmó. (Fuente: Prensa Gobernación)
Es curioso que aquella actividad que en manos de particulares y de acuerdo a lo dispuesto por la ley 13.470 (B.A.) puede ser sancionada con pena de "arresto" de hasta 3 años y multa de hasta $ 200.000 (lo cual daría la sensación que se trata de una conducta verdaderamente lesiva y reprochable), luego sea promovida hasta la exacerbación por el propio estado que la reprime.
¿No hay alguna contradicción en este comportamiento? ¿Aquello que en manos de los particulares es severamente sancionado puede tornarse lícito por la sola circunstancia que se encuentre en manos públicas?
No sé, hay algo que no me termina de cerrar.
Es evidente que la criminalización del juego clandestino tiene por objeto evitar la competencia al erario público y que no existe ninguna otra finalidad que la pueda justificar.
Ahora, si ese es el fin del estado (evitar actividades en competencia para incrementar la recaudación), se me ocurren otras actividades que podría emprender, promover, estimular y desarrollar. Por ejemplo: podría instalar casas de tolerancia, tráfico de órganos, venta de armamento sin identificación (como lo ha hecho en otras oportunidades), y así sucesivamente, una serie de actividades que han demostrado ser altamente rentables en manos de los particulares y en las que posiblemente pudiera incursionar el estado.
Por otro lado, se verificaría la mágica ecuación que convierte en lícito aquello que en manos de particulares es ilícito.

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