Cuanta inquietud genera en todos los penalistas libertarios la cuestión de la persecución de los delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio de la ultima dictadura militar que sufriera la argentina. Más aún cuando para hacer posible, o mejor dicho, arrancar con los juicios, la CSJN tubo que ensayar fundamentos de lo más cuestionables. Pero para el buen abolicionista la cuestión pasa por otro lado, por algo mucho más primitivo. Y esto es el hecho de que pareciera que ningun abolicionista puede andar por ahí pidiendo cárcel para nadie, por que estaría entrando en una gruesa contradicción. Por mi parte, vengo a aquí a plantear también algo un tanto descabellado (o capas no tanto). En primer lugar, deberíamos aceptar que el desconocimiento de gtías esenciales de los imputados es moneda corriente en todos los procesos penales de nuestro país (y de muchos otros), por lo que no es coherente tampoco el hecho de venir ahora a poner el grito en el cielo. Y si es verdad que estamos realmente comprometidos con la eliminación del sistema penal, deberíamos también elaborar una estrategia a mediano o largo plazo para cumplir nuestro objetivo o acercarnos a él lo más que podamos. Lo que postulo es básicamente que el juzgamiento a los militares y complices civiles por los delitos cometidos en el marco del genocidio puede, muy problablemente, ayudar al reforzamiento de las gtías y los derechos de los imputados, y provocar, de esta forma, una reduccion del ámbito de acción del sistema penal. Esto porque sin duda, el juzgamiento de estas personas constituye un caso de inversión de la selectividad irracional del sistema penal. Y es real que en la medida en que el imputado se aleje más en su apariencia del estereotipo del criminal (de acuerdo al cual se lleva a cabo la selección de los "clientes" del sistema penal), más se respetarán sus gtías legales y más posibilidades tendrá, por esto, de ser absuelto. Viceversa, cuanto más cerca estemos del esteretipo, más posibilidades tendremos de ser apresados por la policía y condenados en juicio. Ahora bien, lo que provoca, a mi entender, la inversión de la selectividad, es también el debilitamiento del estereotipo de criminal, y con ello la desaparición de las vulneraciones a las gtías propias de este fenómeno. De modo que un sistema penal IGUAL PARA TODOS, será necesariamente un sistema penal mucho más reducido y respetuoso de las gtías, que un sistema penal SÓLO PARA LOS OTROS, los excluidos, los distintos, los desposeídos, los que NOS amenazan,... ...los enemigos. Por esto es que creo que es una buena estrategia abolicionista, por paradójico que parezca, el hecho de reclamar por el juzgamiento de los militares, policías, complices..en fín genocidas( y también de todos los demás delitos de cuello blanco), siempre y cuando a la par de esta acción abogemos por la respectiva igualdad ante la ley, para que las hermosas y seguramente inamovibles gtías que se alegen y respeten en esos procesos se transladen tambien a los procesos de los actuales "clientes del sistema penal". SI LOS QUE PIDEN "MANO DURA" SE ENCONTRÁRAN CON UNA LEY IGUAL PARA TODOS QUEBRARÍAN LA MUÑECA AL INSTANTE.
3 comentarios:
Apreciado Socio, muy interesante y provocativo su planteo.
En otras épocas, lo que usted plantea, era reivindicado como una estrategia que se la denominaba "agudizar las contradicciones".
Quienes planteaban esta estrategia decían que había que hostigar al poder político de aquél entonces para llevarlo hasta un límite donde no le quedase otra alternativa que optar: o la revolución o pasarse a la vereda del enemigo.
Lo que usted plantea me parece algo parecido: reivindiquemos la prisión preventiva de los poderosos en general, procesos interminables para ellos, castigo retributivista, etc, con el objeto que ellos mismos (que son los que en general se encuentran en condiciones de cambiar la relación de fuerzas) terminen de convencerse sobre la necesidad del abolicionismo, o al menos del minimalismo.
¿Malinterpreto sus puntos de vista?
Se me ocurren una serie de acciones siguiendo el principio por usted esbozado, pero tengo temor que lo pudiera malinterpretar, de tal modo que refrenaré mis ímpetus en tal sentido.
Como siempre, le mando mis respetos
Lo que proponés es peligrosamente selectivo, y no está guiado tanto por un prejuicio como el que domina en las agencias punitivas, sino por un criterio que aprovecha el cambio en las relaciones de poder. Creyendo juzgar a los poderosos, sólo te estarías desquitando con los que han perdido la cobertura, es decir, con los débiles, que es como en definitiva funciona el sistema penal.
Las condenas a genocidas (como la de Saddam Hussein) terminan encuadrando en doctrinas retributistas. El genocida tuvo y abusó del poder, lo perdió, y ahora le toca a él. No es otra cosa que satisfacer el sentimiento de venganza que el genocida ha creado en las víctimas atrayéndolo hacia él. Los genocidas tienen muy pocos escrúpulos como para verse intimidades por las doctrinas preventivistas generales, y las especiales tampoco son de aplicación pues en la pérdida del poder (y no en la sanción) radica su incapacidad de cometer futuros genocidios.
Por otra parte no debería extrañar que la amplia denotación de la categoría de genocida/cómplice de genocida sea más emocional que jurídica y se abra así el "tipo" algo más de la cuenta, considerando que el tipo sería el artículo II de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
Aclaro en primer lugar que he trabajado —no en nuestro país— en la persecución de genocidas a pesar de que en una época me consideraba abolicionista. Sin estar de acuerdo con la decisión de la Corte IDH respecto de la prescripción, y comprendiendo que es un grave problema, creo que algunas afirmaciones vertidas aquí son un tanto simplistas y parecen opiniones de la melliza de doña Rosa (sexista esto, ¿no?), es decir, doña RDP (represora de poderosos).
Lo cierto es que el derecho penal sigue marchando, y su reducción selectiva me parece tan injusta como su expansión selectiva. Resulta que perseguir a estos buenos señores que asesinaron, desaparecieron, torturaron, robaron niños, vaciaron el país, y todo ello con la única legitimidad que le daban las armas, la crueldad y la prepotencia, no se vé bien. Ahora son víctimas. Y si el tortuoso camino jurídico de los casos de la violencia política ha lllegado hasta hoy, no ha sido culpa de las víctimas, sino de los gobiernos democráticos. Los radicales parecen olvidar las "Pascuas" de Alfonsin y el indulto de Menem.
Tengan esto en mente y traten de comprender y respetar el dolor de los sobrevivientes.
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