Los miles de rostros de la Inquisición

El pasado mes de Marzo, la Universidad Católica Argentina, tomó la decisión de separar de su cuerpo docente al Dr. Carlos Alberto Chiara Díaz.

¿El motivo? Haber integrado, junto a otros destacados juristas, la comisión que elaboró el Anteproyecto de Código Penal que despenaliza el aborto en caso de violación y disminuye sensiblemente las escalas para el resto de los casos.

Llama la atención que esta decisión haya sido adoptada a casi un año que la aludida comisión cesase en sus funciones con la entrega del Anteproyecto respectivo, que, hasta donde se sabe, duerme el sueño de los justos.

Carlos Chiara Díaz es un brillante jurista contemporáneo, quien cuenta con una profusa obra doctrinaria. Actualmente es ministro de la Corte entrerriana y ha participado en numerosos procesos de reforma, entre ellos, el de la Provincia de Buenos Aires, donde también integró la comisión que elaboró el actual Código Procesal Penal. Es decir, su excelencia intelectual, a la cual debe sumarse su hombría de bien, se encuentran completamente descontadas.

Considero que es una responsabilidad de la Universidad garantizar la libertad de cátedra para permitir a los jóvenes que allí estudian confrontar la más diversa gamas de ideas, lo cual forma parte de una formación pluralista y democrática.

Sin embargo, no me animaría a sostener que esta responsabilidad deba ser garantizada por las universidades privadas. Es decir, no me lo imagino a Roberto Durrieu dando clase en la Universidad de las Madres. Como tampoco me lo imaginaría a Eduardo Barcesat en la FASTA. Creo que en este sentido las universidades privadas tienen el derecho a seleccionar su cuerpo docente de acuerdo a su línea política.

Pero lo que me parece que no se puede hacer es separar a un profesor que ya se estaba desempeñando en una Universidad por sus ideas sobre un tema en particular, lo cual, lisa y llanamente, debe ser catalogado de acto discriminatorio.

Carlos Chiara Díaz fue designado por el gobierno nacional para integrar la comisión reformadora del Código Penal, lo cual es un orgullo para el designado, pero también para todos los organismos que lo cuentan en sus filas, llámense organismos jurisdiccionales, universidades, ONG's o lo que sea.

Lo que Chiara Díaz no podría hacer (y estoy seguro que no ha hecho) es parcializar la enseñanza y abogar en forma exclusiva en favor del aborto, pero tampoco pueden las autoridades universitarias pedir a sus docentes que renieguen de sus convicciones y denosten el aborto.

Me parece que con este criterio, los docentes de la UCA no se podrían separar de sus cónyuges, mucho menos divorciar. Ni que hablar del empleo de métodos anticonceptivos.

La U.C.A. (que supo tener en su cuerpo docente a Eugenio Raúl Zaffaroni) ha equivocado el camino en forma lamentable y retrotrae la memoria a la más negra de las noches, como lo es la noche del oscurantismo y la caza de brujas .